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Por violación al debido proceso
Marzo 15, 2006
La decisión también favorece a Alcibiades Bustillo y Oswaldo Saavedra. La investigación por los presuntos sobrecostos en la remodelación del edificio de la Alcaldía no sufre mayores modificaciones.
Por JUAN ALEJANDRO TAPIA
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó ayer la libertad inmediata del alcalde de Barranquilla, Guillermo Hoenigsberg, y del ex alcalde Bernardo Hoyos Montoya, al considerar que se les había vulnerado el debido proceso por parte del fiscal que había impuesto la de-
tención.
El fallo de tutela se conoció anoche en Barranquilla y de inmediato decenas de seguidores del alcalde Hoenigsberg y de Hoyos se trasladaron a la sede del DAS y la Cárcel Distrital El Bosque, respectivamente, para esperar la salida de los dos líderes del Movimiento Ciudadano.
Sin embargo, los trámites judiciales de notificación de las partes sólo permitirán que Hoenigsberg y Hoyos recuperen la libertad en la mañana de hoy.
La determinación fue adoptada hacia las 7 de la noche y beneficia también al interventor de la obra de remodelación de la Alcaldía, Alcibiades Bustillo, y al ex secretario de Hacienda, Oswaldo Saavedra Ballesteros.
El pronunciamiento de la Corte, con ponencia del magistrado Alfredo Gómez Quintero, obedeció a una tutela interpuesta por el equipo jurídico del ex alcalde Bernardo Hoyos, que solicitó la libertad de su apoderado por considerar que se había violado el debido proceso.
Al fallar a favor de Hoyos, la Corte hizo extensiva su decisión a los otros implicados en la investigación.
Para el abogado José Sanjuán Guzmán, la Fiscalía había vulnerado los derechos fundamentales a la libertad y al debido proceso al pasar por encima de los artículos 30 y 31 de la Constitución, que establecen que la situación de un sindicado no podrá ser agravada por el superior cuando sea apelante único.
En el caso de Hoenigsberg y Hoyos, la detención fue ordenada por el fiscal Jesús Marín, delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien modificó las decisiones previas sobre la privación de la libertad de los sindicados por considerar que sí representaban un peligro para la sociedad.
La orden de detención fue emitida el 6 de enero, en contravía con los planteamientos de los anteriores fiscales que llevaron el caso, quienes no habían hecho efectiva la restricción de la libertad en atención a los postulados de la sentencia constitucional 774 de 2001.
Según esa sentencia, la libertad es una garantía constitucional y sólo puede ser restringida en la medida en que la persona represente peligro para la comunidad, no esté en capacidad de garantizar su comparecencia al proceso o afecte con su permanencia en cargo público el recaudo probatorio.
En sus primeras declaraciones a la prensa, el alcalde Hoenigsberg agradeció a la Corte Suprema y anunció que regresará a su cargo al no tener impedimento legal. Sin embargo, reconoció que la investigación en su contra continúa y dijo que estará presto a cumplir los fallos que se produzcan.
Hoenigsberg saldrá hoy de las instalaciones del DAS, donde permaneció dos meses, y lo mismo ocurrirá con Bernardo Hoyos y los otros beneficiados con el fallo, recluidos en la Cárcel Distrital.
INVESTIGACIÓN CONTINÚA
Aunque recuperan su libertad, el proceso contra Hoenigsberg, Hoyos, Bustillo y Saavedra no sufre mayores modificaciones. Los cuatro están llamados a juicio por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y celebración indebida de contratos. Incluso, el llamado a la primera audiencia podría producirse antes de concluir el mes.
Lo ordenado por la Corte fue restituirle a los procesados su derecho a la libertad, ya que en la decisión del Fiscal Delegado se había violado el debido proceso.
Según juristas consultados por El HERALDO, al no hacerse efectiva la privación de la libertad, Hoenigsberg puede regresar a su cargo en cualquier momento y continuar la defensa desde su despacho.
Contra el alcalde Hoenigsberg pesan dos llamados a juicio por sus actuaciones como jefe de presupuesto del Distrito, en 1993, y secretario general, en 1998, durante las dos administraciones de Hoyos.
En 1993, la Administración celebró un contrato con el arquitecto Fernando Thorné Brown para la remodelación del antiguo edificio del Banco de la República, en el Paseo Bolívar con carrera 43, donde hoy funciona la Alcaldía.
El contrato se celebró por un valor de 1.490 millones de pesos. Una vez firmado, Thorné recibiría el 40 por ciento del valor total, y el 60 por ciento restante se pagaría con actas de entrega parcial de la obra.
Sin embargo, en 1994, y sin que hubiesen comenzado los trabajos, Thorné Brown ya había recibido 1.400 millones de pesos, es decir, el 94 por ciento del precio total de la contratación, indica la investigación de la Fiscalía.
Cinco meses después, la Administración Distrital aprueba la adición de 1.500 millones de pesos al contrato inicial, dinero que presuntamente hacía falta para la culminación de la obra.
Posteriormente, en mayo de 1998, cuando nuevamente se desempeñaba como alcalde Bernardo Hoyos Montoya, la Administración pagó cerca de 3.500 millones de pesos al contratista bajo la figura de arreglo directo, suma reclamada por concepto de pago de intereses y otras deudas.
