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El Conflicto entre el Derecho y la Justicia
Diciembre 06, 2004
La sentencia T- 290- 03 de la Corte Constitucional es la más clara muestra como el
derecho burguez hecho para proteger los intereses de esta clase dominante prima sobre
la justicia por la que claman los trabajadores, a quienes despues de explotarlos por
mas de veinte años, terminan escomoteandoles sus pensiones. al no pagarles el valor
que le corresponde a sus mesadas.
El caso lo planteo el señor Lastra Moncayo quien le reclamo mediante la accion de
tutela a la casa Editorial EL Tiempo que le cancelara por lo menos medio salario
minimo como pension ya que lo que le paga despues de haber soportado por veintidos
años continuos la mas inmisericorde explotacion, es la ridicula suma de $ 8. 431
pesos equivalentes a tres miseros dolares , mensualmente.
En efecto el señor Lastra Moncayo solicita que se tutelen sus derechos fundamentales
a la vida y a la igualdad los cuales estima violados por la Casa Editorial El Tiempo.
Señala que la vulneración de su derecho a la vida se debe a que recibe una suma
irrisoria de ocho mil cuatrocientos treinta y un pesos ($8.431) por concepto de
pensión de jubilación compartida. En cuanto al derecho a la igualdad considera que
este también resulta vulnerado porque sabe de compañeros de “El Tiempo” a los que
esta Casa Editorial les paga medio o un salario mínimo mensual a título de pensión
compartida. Por consiguiente, solicita que se declare su derecho a recibir por lo
menos el equivalente a medio salario mínimo, ya que la otra parte la cubre el ISS.
Al narrar los hechos, explica el actor que luego de laborar 23 años para El Tiempo
fue despedido el 9 de octubre de 1979. Para ese momento devengaba un sueldo de once
mil cuatrocientos sesenta y un pesos ($11.461) lo que equivalía a tres (3) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
Al año siguiente, en noviembre de 1980, el señor Lastra concilió[1] con el empleador
sus pretensiones laborales. En cuanto al reconocimiento de la pensión, acordaron que
ésta se empezaría a pagar en su totalidad, y exclusivamente por “El Tiempo” desde el
día en que cumpliera 55 años, es decir el 19 de diciembre de 1990, hasta que
cumpliera los 60 años, momento en el cual el ISS iniciaría el pago de su pensión de
vejez y el Tiempo sólo continuaría pagándole el mayor valor que correspondiera, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 61 del Decreto 3041 de 1966.
El señor Lastra, al estar inconforme con el monto que, de la pensión compartida, le
cancelaba El Tiempo, inició en 1999 un proceso ordinario laboral ante el Juzgado
Quinto Laboral del Circuito de Bogotá. En la demanda, el señor Lastra formula como
pretensión principal obtener la reliquidación de su primera mesada de pensión de
jubilación. Para el efecto, explica que el valor real de su pensión, desde el momento
de la primera mesada y por el transcurso del tiempo se había reducido en un 999.60%,
lo que probó a través de certificación expedida por el Banco de la Republica.[2]
En primera instancia el juez laboral estimó que “la entidad demandada no tuvo en
cuenta la devaluación del peso colombiano entre la fecha de terminación de la
relación laboral y la fecha en que reconoció dicha pensión, ya que se limitó a
pagarla en la misma cuantía del salario mínimo legal de 1989.”[3] En consecuencia,
condenó a la Casa Editorial “El Tiempo” a reajustar la pensión de jubilación del
demandante en la cuantía mensual de ochenta y cinco mil novecientos veintitrés pesos
($85.923) a partir del 19 de diciembre de 1989, a reajustar anualmente la pensión en
el mismo porcentaje del IPC, y a pagarle las mesadas atrasadas ordinarias y
adicionales de junio y diciembre de cada año.
Apelado el fallo, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial revocó
la sentencia de primera instancia el 17 de septiembre de 1999, al adoptar en un todo,
la posición adoptada por la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 18 de agosto
de 1999.[4]
El 9 de agosto de 2000, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, al
estudiar el cargo único de interpretación errónea, decidió no casar la sentencia del
Tribunal.
El actor interpuso acción de tutela[5], por violación a los derechos fundamentales a
la igualdad y la vida. En su escrito explica que al momento de su despido devengaba
la suma de once mil cuatrocientos sesenta y un pesos ($11.461) equivalente a tres
salarios mínimos, que aceptó recibir una pensión equivalente a un salario mínimo y
que en la actualidad se encuentra “recibiendo la suma de ocho mil cuatrocientos
treinta y un pesos [$8.431] por parte de El Tiempo” y que, el Tribunal de Bogotá
revocó la sentencia de primera instancia que reconocía su derecho a que la mesada
pensional fuera objeto de indexación. Dice el señor Lastra que su situación y la de
su familia es precaria y que no pretende “el reconocimiento del pago retroactivo de
pensiones ni la indexación ni ningún otro concepto que pueda representar el recibir
grandes sumas de dinero sino que se declare que [tiene] derecho a recibir por lo
menos el equivalente a medio salario mínimo porque la otra parte la estaría cubriendo
el ISS”.
Al contestar la acción, la Casa Editorial El Tiempo señaló, entre otros argumentos,
que el actor fue inscrito como jubilado ante el Instituto de Seguros Sociales y que
“una vez se tuvo conocimiento del reconocimiento de la pensión legal de vejez por
parte del Seguro Social, la empresa sólo estaba obligada a reconocer la diferencia
entre la legal de vejez y la que pagaba compartiendo la diferencia entre ellas”[6]
En primera instancia, el juez de tutela en fallo de fecha 12 de diciembre de 2001,
consideró que el trámite legal pertinente ya se había agotado y que por lo tanto la
acción de tutela no procedía para declarar un derecho ya sometido a juicio[7]. El
fallo del juez octavo laboral del circuito fue impugnado y en segunda instancia, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 28 de enero de 2002, confirmó
el fallo por considerar que no se acreditó vulneración al mínimo vital; que, por
tratarse de un reajuste accesorio de pensión, no se evidenciaba un perjuicio
irremediable; y porque la acción de tutela no puede ser utilizada como un mecanismo
para revivir instancias judiciales.
La Corte Constitucional planteo el problema juridico de la siguiente manera Problema
jurídico:
Corresponde a esta Sala de Revisión establecer, en primer lugar, si, en este caso la
acción de tutela es procedente, y, de ser así, entrar a determinar si la no
indexación del valor de la primera mesada de una pensión compartida viola los
derechos fundamentales a la vida y a la igualdad del actor.
Y asi resolvio el problema.
1. Procedibilidad de la tutela: el carácter residual de la acción.
Desde sus inicios, la Corte Constitucional ha reiterado en múltiples ocasiones el
carácter residual de la acción de tutela:
“La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o
complementario para alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el
último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es
la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de
llenar los vacíos que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas
una plena protección de sus derechos esenciales.
Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio judicial
ordinario y, más aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso,
no puede pretenderse adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela (…) En el
sentir de esta Corte, nadie puede alegar que careció de medios de defensa si gozó de
la oportunidad de un proceso y menos todavía si tomó parte en él hasta su conclusión
y ejerció los recursos de que disponía.” [8] (Subraya por fuera del original)
En el caso concreto, observa la Sala que el actor se encuentra recibiendo
mensualmente una pensión compartida entre El Tiempo y el ISS. Precisa el actor que la
cuantía total de su pensión a mayo de 2002 es de trescientos dieciocho mil setenta y
seis pesos ($318.076), de los cuales trescientos nueve mil pesos ($309.000) los paga
el ISS y nueve mil setenta y seis pesos $9.076[9] la Casa Editorial El Tiempo.[10]
El actor interpuso la tutela con el objeto de que la suma que mensualmente le paga El
Tiempo le sea aumentada a, por lo menos, medio salario mínimo. Para ello, argumentó
que la suma que percibía al momento de ser despedido de El Tiempo ($11.461) equivalía
a tres (3) salarios mínimos y que al momento del reconocimiento de la pensión ésta
equivalía a un salario mínimo.
Constata entonces la Corte que lo pedido por el actor en su escrito de tutela, aunque
está formulado en términos diferentes, es lo mismo que fuera estudiado dentro del
proceso ordinario laboral referenciado en los hechos. En efecto, se observa que (i)
si bien el actor planteó su solicitud en términos de garantía de un ingreso mínimo,
se constató que recibe en la actualidad una pensión que no es inferior a un salario
mínimo legal mensual vigente. Y que, por lo tanto, (ii) pedir que el valor de ocho
mil cuatrocientos treinta y un pesos ($8.431) le sea aumentado hasta, por lo menos,
una suma equivalente a medio salario mínimo, no es otra cosa que una solicitud de
incremento de su pensión con miras a que mantenga su valor, lo cual ya se estudió en
el proceso ordinario que finalizó con sentencia de la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Laboral.
Siendo así, y dado que la pretensión de aumentar el valor de la pensión que le
corresponde pagar a El Tiempo es la misma que ya conoció y resolvió la jurisdicción
ordinaria, la acción de tutela no podría proceder para reabrir el debate dentro de la
jurisdicción constitucional, o, en otros términos, revivir un proceso que ya se
estudió y fue resuelto por una sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada.
Diferente sería el análisis de procedibilidad de la acción, si el actor hubiera
controvertido constitucionalmente las sentencias que se profirieron dentro del
proceso laboral ordinario. Sobre este punto la Corte ha sostenido que:
“La Corte Constitucional ha reconocido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales cuando apareciera evidente el desconocimiento de los
componentes del debido proceso; es decir, cuando detrás de una providencia
aparentemente ajustada a la legalidad, se escondiera una arbitrariedad o un capricho
del juzgador. La Corte se ha referido a ello como "vía de hecho". Las decisiones
judiciales que se profieran por fuera del ordenamiento jurídico y en desconocimiento
abierto y ostensible de los preceptos constitucionales, legales y reglamentarios, no
pueden ser consideradas como compatibles con el debido proceso y deben ser anuladas.
La tutela es el mecanismo adecuado para enmendar el yerro del aparato judicial. No
obstante, la Corte Constitucional ha sostenido que no toda irregularidad procesal ni
toda imprecisión judicial, ni mucho menos cualquier discrepancia interpretativa
conllevan, por sí mismas, el quebrantamiento del debido proceso. Dentro de los
procesos judiciales hay mecanismos internos que permiten corregir las imprecisiones
inevitables que suceden en el desarrollo de los mismos, por lo cual la alternativa de
la tutela sólo resulta viable si ya no existen, y no se han dejado vencer por
descuido, otros medios de defensa judicial para enmendarlos. El principio de
autonomía judicial no admitiría que por vía de tutela se echaran abajo las decisiones
judiciales con el pretexto de que el criterio escogido por el juez no coincide con el
del fallador que lo revisa. Las discrepancias razonables de interpretación de las
normas jurídicas han sido descartadas por la Corte Constitucional como constitutivas
de vías de hecho. La Corte ha establecido que al juez de tutela no le corresponde
decidir sobre el fondo del litigio que se le plantea en virtud de una supuesta vía de
hecho en la resolución, a la manera de una jurisdicción paralela, sino que se debe
limitar a establecer la posible vulneración del ordenamiento jurídico en que incurrió
la providencia demandada.”[11]
Considerando, entonces, que en el caso bajo estudio la acción de tutela fue
interpuesta con el fin de que se abordara un asunto ya resuelto por la jurisdicción
laboral, y que la acción fue interpuesta directamente contra la Casa Editorial El
Tiempo, sin que se controvirtieran en forma alguna las providencias proferidas por la
jurisdicción laboral, la Corte concluye que la presente acción es improcedente y por
lo tanto confirmará los fallos de instancia.
Sin embargo, habida cuenta de la jurisprudencia reciente sobre indexación de la
primera mesada pensional, pasa la Sala a hacer una consideración final.
2. Consideración final sobre las implicaciones de una sentencia de unificación
reciente.
No escapa a la Corte la razón por la que el actor inició un proceso ordinario
laboral e interpuso una acción de tutela: impedir que la pérdida de valor del peso
reduzca gradualmente su pensión.
Sobre este punto, la Corte Constitucional recientemente decidió en sentencia de
unificación una acción de tutela sobre la indexación de la primera mesada pensional.
Precisamente, para atender lo que en jurisprudencia unificada resolviera la Corte y
en espera, también, de que se allegaran las pruebas solicitadas, se mantuvieron
suspendidos los términos dentro de este proceso.
En la sentencia SU-120 de 2003, MP Álvaro Tafur Galvis, la Corte sostuvo que la
Constitución protege al derecho a la indexación de la primera mesada pensional dentro
del marco fijado por las leyes y de lo pactado por las partes, sin que un silencio al
respecto pueda interpretarse como una renuncia o negación de este derecho.
En el evento en que el actor decida presentar una acción de tutela contra la
sentencia proferida en la jurisdicción ordinaria, podrá invocar dicha sentencia sin
que ello signifique que los jueces de tutela se abstengan de ponderar las
especificidades de cada caso. Además, la presente sentencia no constituye un
obstáculo para sea presentada una nueva acción, que no podrá calificarse de
temeraria.
III. DECISION
En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional,
administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE
Primero-. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bogotá en el proceso de la referencia, que negó la tutela del Señor Jaime
Lastra Moncayo por improcedente.
Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional
y cúmplase.
MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA
Magistrado
JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO
Magistrado
RODRIGO ESCOBAR GIL
Magistrado
MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ
Secretaria General
Mas claro no canta un gallo decian nuestros abuelos cuando la situacion planteada era
evidente. Aqui prima el derecho sobre la justicia, por eso el pueblo debe organizarse
tomar el poder y crear su propio derecho para que halla la justicia que clamamos los
trabajadores.
