Inicio > Noticias > Con Tutelas logran pensionarse en Telecom y la Caja Agraria
Con Tutelas logran pensionarse en Telecom y la Caja Agraria
Diciembre 06, 2004
Sólo contra Telecom y la Caja Agraria hay alrededor de 300 tutelas pendientes de
resolver, y otras 30 que ya fueron falladas en favor de los trabajadores de ambas
instituciones en liquidación. Es más, todo indica que buena parte de los ex empleados
de las dos entidades, alrededor de 7.000, optarían por el mismo camino de buscar la
pensión mediante tutela. Tanto Telecom como la Caja Agraria trasladaron los casos a
la Corte Constitucional para su respectiva revisión.
El problema es de tal magnitud que los funcionarios de las entidades públicas que han
sido obligadas a reconocer pensiones a ex empleados que no cumplen con los
requisitos, acusan a algunos tribunales de fallar por fuera del derecho, mientras que
los abogados aseguran que el Estado no puede violar las normas laborales bajo el
escudo de que el erario público no tiene dinero para pagar las pensiones.
Y es que ni siquiera la experiencia de Foncolpuertos, uno de los casos de corrupción
más grandes que ha vivido el país sirvió para tomar precauciones y evitar que se
presenten peticiones masivas de reconocimiento de pensiones, con costos millonarios
para el erario público.
Hace apenas una semana salieron a la luz pública los 24 fallos del Tribunal Superior
de Antioquia que favorecen a igual número de ex trabajadores de Telecom, y que
obligan a la entidad en liquidación a reconocer la pensión a personas que no cumplen
con los requisitos, pero que alegan el derecho a la igualdad. Están en camino 48
procesos más que, de salir favorables a los ex empleados, se puede extender a más de
3.000 ex funcionarios de Telecom (ver nota anexa), que considerarían la opción de
obtener la jubilación bajo el criterio de igualdad de derechos.
Pero al igual que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, la Caja Agraria enfrenta
unos 240 procesos jurídicos de ex trabajadores que buscan obtener la pensión sin el
cumplimiento de los requisitos. Al igual que en Telecom, al menos cinco ex
trabajadores de la entidad han ganado sus procesos, lo que indica que las
reclamaciones se podrían incrementar en los próximos días.
Una fuente del Gobierno dijo que el sesgo en contra del Estado es tal, que ha habido
casos en que la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura le ha pedido
a la propia Corte Suprema de Justicia, que revoque fallos que ya llegaron a la
instancia final, alegando el concepto de igualdad de derechos, principalmente en
procesos de pensiones.
El problema de las pensiones puede agrandarse si el Congreso de la República aprueba
el proyecto de Ley promovido por el ex presidente del Sindicato de Trabajadores de la
Caja Agraria, Jesús Bernal, a través del cual se busca pensionar a todos los
trabajadores de la entidad en liquidación que hayan prestado más de 10 años de
servicio a la institución (ver nota).
Proyecto de ley dará más privilegios a ex trabajadores de la Caja Agraria
Aunque en la Caja Agraria no se han registrado casos de otorgamiento masivo de
pensiones por fallos de tutela, en el último año se han producido al menos cinco
casos en favor de trabajadores que reclamaban el reconocimiento de la pensión.
Sin embargo, en la actualidad cursan 240 procesos sobre pensiones, algunos de los
cuales corresponden a tutelas pendientes de fallo.
A ello se suman los cerca de 2.000 procesos laborales, relacionados con solicitud de
reconocimiento de prestaciones sociales, injusta causa de despido y reintegro a la
Caja Agraria o a otras instituciones públicas.
Pero este no es el único frente por donde los ex trabajadores intentan obtener
beneficios adicionales de la Caja Agraria en liquidación. El ex presidente del
sindicato de la entidad, Jesús Bernal Amorocho, hoy senador de la República, está
promoviendo un proyecto que les otorgaría la pensión inmediata a los ex trabajadores
de la Caja que prestaron servicios por más de 10 años a la institución y el reintegro
a organismos del Estado a quienes tenían menos de ese tiempo y fueron despedidos el
25 de junio de 1999. El proyecto está pendiente de ponencia para segundo debate en
Plenaria del Senado.
Cálculos preliminares indican que de aprobarse esta iniciativa, el costo para el
Estado superaría los dos billones de pesos, es decir, un poco más de lo que pretende
recaudar el Gobierno con la reforma tributaria que fue presentada al Congreso.
El 25 de junio de 1999, cuando se ordenó su liquidación, la Caja tenía 9.200
pensionados. Hoy ascienden a 9.300, que le cuestan al Estado unos 10.000 millones de
pesos mensuales. De aprobarse el proyecto de ley que cursa en el Congreso, el número
de pensionados se incrementaría, de un solo golpe, en más de 2.000.
En la actualidad, los pagos son respaldados por unos 220 bienes inmuebles que la
entidad posee en todo el país y que han sido entregados en fiducia al Consorcio
Fopep, para la administración y el pago a los pensionados.
En Telecom, la disputa jurídica con ex empleados será de largo aliento
En el caso de Telecom en liquidación, la controversia se inició con una tutela
fallada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia que ordena al liquidador
de la empresa estatal de telecomunicaciones ofrecer el plan de pensión anticipada a
la ex trabajadora, Angela Patricia Suárez.
Esta decisión, según se conoció, fue adoptada por el alto tribunal para proteger el
derecho a la igualdad de la demandante, consagrado en la Constitución.
Javier Lastra, gerente liquidador de Telecom, explicó que en cumplimiento de este
fallo le ofreció el mencionado plan a la ex empleada, sin embargo, ella no acreditó
los requisitos para tener derecho al mismo y por tanto no se le otorgó la pensión.
Por estar vinculada en un cargo de excepción Angela Patricia Suárez debía cumplir con
dos condiciones para recibir el beneficio: estar vinculada a la planta de personal en
el año 1992 y cumplir 20 años en cargos de excepción antes del 31 de diciembre del
año 2004. Entre los cargos de excepción se encuentran los operadores de radio y
telégrafos, jefes de líneas, revisores y plegadores.
Lastra explicó que ella cumplió con el primer requisito, pero falló en el segundo,
pues sus 20 años de labores en cargos de excepción sólo se cumplirían en marzo del
año 2006.
Ante la decisión del liquidador de Telecom, Angela Patricia Suárez radicó en el
Tribunal Superior de Antioquia un incidente de desacato argumentando que Lastra no ha
debido solicitarle los requisitos sino otorgarle el beneficio de la pensión.
Este recurso, que fue acogido por la corporación, condujo a una sanción de cinco días
de arresto para el funcionario y una multa por cinco salarios mínimos mensuales que
él ya recusó ante la Corte Suprema de Justicia.
Pero la situación es más complicada para el liquidador de Telecom si se tiene en
cuenta que 24 procesos más han sido fallados por la misma Sala Penal del Tribunal
Superior de Antioquia, ordenando brindar el plan de pensión anticipada a igual número
de ex trabajadores que no cumplen las condiciones previstas y otros 84 casos se
encuentran en trámite.
Javier Lastra señaló que ante la magnitud de lo sucedido pedirá en los próximos días
a la Corte Constitucional que analice los casos fallados y tome una decisión
definitiva sobre los mismos.
De quedarse las cosas como hasta ahora, advierte el funcionario, los 3.400 empleados
de Telecom que fueron retirados hace más de un año podrían reclamar hasta dos
billones de pesos en pensiones. Los 108 casos ya detectados obligarían al desembolso
de unos 61.500 millones de pesos.
El funcionario recordó que Telecom en liquidación cuenta en la actualidad con unos
1.500 empleados bajo el programa de retén social. De esta cifra 456 personEn el caso
de Telecom en liquidación, la controversia se inició con una tutela fallada por la
Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia que ordena al liquidador de la empresa
estatal de telecomunicaciones ofrecer el plan de pensión anticipada a la ex
trabajadora, Angela Patricia Suárez.
Esta decisión, según se conoció, fue adoptada por el alto tribunal para proteger el
derecho a la igualdad de la demandante, consagrado en la Constitución.
Javier Lastra, gerente liquidador de Telecom, explicó que en cumplimiento de este
fallo le ofreció el mencionado plan a la ex empleada, sin embargo, ella no acreditó
los requisitos para tener derecho al mismo y por tanto no se le otorgó la pensión.
Por estar vinculada en un cargo de excepción Angela Patricia Suárez debía cumplir con
dos condiciones para recibir el beneficio: estar vinculada a la planta de personal en
el año 1992 y cumplir 20 años en cargos de excepción antes del 31 de diciembre del
año 2004. Entre los cargos de excepción se encuentran los operadores de radio y
telégrafos, jefes de líneas, revisores y plegadores.
Lastra explicó que ella cumplió con el primer requisito, pero falló en el segundo,
pues sus 20 años de labores en cargos de excepción sólo se cumplirían en marzo del
año 2006.
Ante la decisión del liquidador de Telecom, Angela Patricia Suárez radicó en el
Tribunal Superior de Antioquia un incidente de desacato argumentando que Lastra no ha
debido solicitarle los requisitos sino otorgarle el beneficio de la pensión.
Este recurso, que fue acogido por la corporación, condujo a una sanción de cinco días
de arresto para el funcionario y una multa por cinco salarios mínimos mensuales que
él ya recusó ante la Corte Suprema de Justicia.
Pero la situación es más complicada para el liquidador de Telecom si se tiene en
cuenta que 24 procesos más han sido fallados por la misma Sala Penal del Tribunal
Superior de Antioquia, ordenando brindar el plan de pensión anticipada a igual número
de ex trabajadores que no cumplen las condiciones previstas y otros 84 casos se
encuentran en trámite.
Javier Lastra señaló que ante la magnitud de lo sucedido pedirá en los próximos días
a la Corte Constitucional que analice los casos fallados y tome una decisión
definitiva sobre los mismos.
De quedarse las cosas como hasta ahora, advierte el funcionario, los 3.400 empleados
de Telecom que fueron retirados hace más de un año podrían reclamar hasta dos
billones de pesos en pensiones. Los 108 casos ya detectados obligarían al desembolso
de unos 61.500 millones de pesos.
El funcionario recordó que Telecom en liquidación cuenta en la actualidad con unos
1.500 empleados bajo el programa de retén social. De esta cifra 456 personas son
prepensionados, 438 con fuero sindical, 600 madres cabeza da familia y 40
discapacitados.
