Suspenden a Funcionarios de Foncolpuertos por revocar y disminuir Pensiones

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La Procuraduría General de la Nación suspendió e inhabilitó por un año a tres funcionarios del Ministerio de Protección Social que conformaron el Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia, al tiempo que decidió declarar la prescripción de la acción disciplinada en contra de un cuarto ex funcionario de la misma dependencia por vencimiento de términos.

A los cuatro, la Procuraduría les inició proceso disciplinario por haber revocado mediante resolución de manera unilateral los actos administrativos que reconocieron las pensiones de vejez y sustituciones pensionales a los ex trabajadores de Puertos de Colombia.

Los funcionarios sancionados son, Carlos Arturo Gómez Agudelo, asesor código 1020, grado 18, quien obró como coordinador del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia; Enrique Forero Russi, en su condición de coordinador del Área de Prestaciones Económicas del citado grupo; Ricardo Saavedra Sandoval, en su condición de asesor código 1020, grado 15 del Despacho del Ministerio de Protección Social y Osbaldo Mejía Castañeda, en su calidad de asesor código 1020, grado 15 del Despacho del Ministerio, asignado al GIT del Área de Pensiones del 12 de noviembre de 2002 al 31 de julio de 2004.

De acuerdo con el Ministerio Público, los cuatro funcionarios incurrieron en conductas irregulares como, el haber expedido las resoluciones a través de las cuales revocaron de manera unilateral actos administrativos que reconocieron las pensiones de vejez y sustituciones pensionales a ex trabajadores de Puertos de Colombia, ajustando los valores de las mismas, disminuyendo la cuantía y ordenando efectuar directamente los descuentos y compensaciones por los mayores valores cancelados.

Así mismo, por haber suspendido o extinguido las pensiones de invalidez, reconocidas por actos administrativos de algunos ex trabajadores de Foncolpuertos desconociendo el principio de la condición más beneficiosa.

Con fecha 7 de febrero de 2008, la Procuraduría elevó pliego de cargos contra los cuatro funcionarios y una vez escuchados en descargos se allegaron las pruebas pertinentes, determinando que en el caso de Osbaldo Mejía Castañeda, su acción disciplinaria estaba prescrita, por cuanto habían transcurrido más de cinco años desde su último acto, dado que su función de coordinador del área de pensiones del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión de Pasivo Social de Puertos de Colombia la ejerció del 12 de noviembre de 2002 al 31 de julio de 2004.

Algo distinto ocurrió con respecto a Carlos Arturo Gómez Agudelo, a quien el Ministerio Público sí encontró mérito suficiente para establecer que cometió una "falta grave, al trasgredir el debido proceso al no demandar ante la jurisdicción competente los actos administrativos que reconocieron en forma irregular pensiones de jubilación a ex trabajadores de Puertos de Colombia o haber obtenido la autorización de los afectados".

Este comportamiento de Gómez Agudelo, según la Procuraduría se "califica a título de dolo", toda vez que las disposiciones legales le imponían el procedimiento a seguir en el caso específico de revocatoria de actos administrativos de carácter particular y concreto, pero pese a conocer el contenido de la norma prefirió apartarse de ella".

Sobre Enrique Forero Russi, la Procuraduría determinó que "trasgredió las normas, incumpliendo deberes en el ejercicio de sus funciones, incursión en prohibiciones y abuso de los derechos. Como integrante del GIT proyectó y revisó los actos administrativos, sin agotar el debido proceso y sin recomendar que se presentaran las acciones judiciales correspondientes o se contara con el consentimiento de los beneficiarios de las pensiones o su causahabientes, lo que generó demandas en contra de la entidad que ordenaron revisar las decisiones del GIT, y en consecuencia ordenar nuevamente la inclusión de los trabajadores de nómina de pensiones y reintegrar los dineros pagados o compensados a favor del GIT".

Con respecto a Ricardo Saavedra Sandoval, la Procuraduría estableció que incurrió en "falta grave, a título de dolo, al asumir una conducta contraria a la Constitución y la ley, al no prestar un asesoramiento acorde con la normatividad y los pronunciamientos de las Altas Cortes y de esta forma evitar ir en contra del principio de inescindibilidad de la norma que opera en el sistema jurídico y que impide la aplicación fraccionada de disposiciones disímiles a un caso concreto y no la norma convencional que establecía una mayor pérdida de capacidad laboral; esto en aplicación al principio de favorabilidad".

Los tres funcionarios fueron declarados responsables disciplinariamente y en consecuencia sancionados con una suspensión de doce meses en el ejercicio del cargo e inhabilitados por el mismo tiempo para ejercer cargos públicos.

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