Las Medidas Cautelares de la CIDH que frenan la Destitución de Petro son Obligatorias

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Todas las medidas cautelares que decrete de la Comisión Interamericana de derechos humanos son obligatorias para el Estado Colombiano.
Ha sido reiterada y consolidada la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a que las medidas cautelares otorgadas por la CIDH se incorporan automáticamente al ordenamiento jurídico colombiano, son de obligatorio cumplimiento, el Estado debe disponer de todos los medios para hacerlas efectivas, su incumplimiento genera responsabilidad internacional del Estado, y es posible acudir al mecanismo de acción de tutela para su cumplimiento.
La Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia T- 078 de 2013, ha ordenado:
“En relación con la fuerza vinculante de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, la jurisprudencia constitucional ha sido sólida y consistente en indicar que su carácter es obligatorio en el orden interno, en tanto (i) se trata de un órgano que hace parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que Colombia es uno de sus miembros; (ii) el Estado colombiano ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento internacional que en virtud de artículo 93 (inciso 1°) de la Constitución, hace parte del ordenamiento jurídico interno; y (iii) el Estatuto de la CIDH fue adoptado por la Asamblea General de la OEA, en la cual participa Colombia”
En el mismo sentido la Corte Constitucional ha sentado en la siguientes su reiterada jurisprudencia:.
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-558-03, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, 20 de mayo de 2005.
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-786-03, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, 11 de septiembre de 2003.
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-327-04, M.P. Alfredo Beltrán Sierra, 15 de abril de 2004.
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-524-05, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, 20 de mayo de 2005.
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-367-10, M.P. María Victoria Calle Correa, 11 de mayo de 2010.
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-585A-11, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, 28 de julio de 2011.
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-078-13, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, 14 de febrero de 2013.
En consecuencia las declaraciones de la Canciller de Colombia , son contrarias al ordenamiento constitucional vigente y el acto administrativo que firmó el Presidente de Colombia, destituyendo al Alcalde de Bogota, Petro esta viciado de nulidad absoluta por cuanto esta en completa contradicción con toda esta jurisprudencia Constitucional vinculante que deben acatar las autoridades administrativas pues la Corte Constitucional ha sido clara :
Corte Constitucional: C-539/2011
Aplicación del precedente judicial por las autoridades administrativas: «(…) Las autoridades administrativas se encuentran siempre obligadas a respetar y aplicar el precedente judicial para los casos análogos o similares, ya que para estas autoridades no es válido el principio de autonomía o independencia, válido para los jueces, quienes pueden eventualmente apartarse del precedente judicial de manera excepcional y justificada. Sentencia T-566-1998.
En consecuencia, las autoridades administrativas deben necesariamente respetar y aplicar el precedente judicial, especialmente el constitucional y si pretenden apartarse del precedente deben justificar con argumentos contundentes las razones por las cuales no siguen la posición del máximo intérprete, especialmente del máximo intérprete de la Constitución.
De manera que al Alcalde de Bogota Gustavo Petro le queda todavía la acción de tutela, que es procedente, pero todavía mas efectiva es la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que lo destituye , solicitando con la presentación de la demanda la suspensión inmediata por ser abiertamente contrario a la Constitución Nacional.

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