Sentencia de tutela T989 de 2007. T-989-07

Derecho a la salud de mujer y su nucleo familiar desplazados del municipio de san martin (meta) beneficiaria del regimen subsidiado que se habia afiliado al regimen contributivo por un mes, por lo que al pretender ser nuevamente atendida por el regimen subsidiado le fue negado el servicio aduciendose que aparecia como cotizante del regimen contributivo y no habia sido retirada del sistema.

Sentencia T-989/07

Referencia: expediente T-1710869

Acción de tutela instaurada por María Zulay Narváez Gómez contra Saludcoop EPS

Magistrado Ponente:

Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil siete (2007)

La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

en el proceso de revisión de la sentencia del nueve (9) de julio de dos mil siete (2007) proferida, en primera instancia, por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Villavicencio. La anterior decisión fue remitida a la Corte Constitucional y posteriormente seleccionada por la Sala de Selección Número Diez (10), mediante auto del cuatro (4) de octubre de dos mil siete (2007), correspondiendo a la Sala Segunda de Revisión su conocimiento.

Teniendo en cuenta que el problema jurídico que suscita la presente acción de tutela ya ha sido objeto de otros pronunciamientos por parte de esta Corporación, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional decide reiterar lo dispuesto por la jurisprudencia para este tipo de casos. Por tal razón, de acuerdo con sus atribuciones constitucionales y legales, la presente sentencia será motivada brevemente.

1. María Zulay Narváez Gómez interpuso acción de tutela contra Saludcoop EPS por considerar que dicha entidad ha vulnerado sus derechos de petición y salud, en conexidad con la vida. Relata que es desplazada del municipio de San Martín (Meta) y rindió declaración en Puerto Carreño en el año 2001. Señala que a ella y su familia los “(…) atendían en los centros de salud y en el Hospital Regional en el régimen subsidiado”. El 1 de febrero de 2007 la actora se afilió Saludcoop EPS cotizando como trabajadora independiente, ya que había conseguido un empleo. Señala que en este empleo estuvo casi un mes, pero se retiró porque el sueldo era muy poco y no le pagaban transporte. En el mes de mayo acudió al centro de salud Comuneros para ser atendida por un nódulo tiroideo pero le informaron que se encontraba registrada en el régimen contributivo y no podía ser atendida. Relata que el 10 de mayo de 2007 elevó una petición a Saludcoop EPS en donde solicitaba el retiro de esa entidad, sin embargo, le informaron de manera verbal que tenía que cancelar los tres últimos meses para proceder a retirarla del sistema. Indica que hasta la fecha de interposición de la tutela, la entidad accionada no la ha retirado del sistema y no le ha entregado la carta de retiro.

2. El proceso correspondió en primera instancia al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Villavicencio. La EPS Saludcoop intervino ante el Juez para indicar que: “La accionante manifiesta haber cotizado el mes de febrero en esta entidad, al mes siguiente simplemente dejó de cotizar pero nunca reportó retiro alguno, razón esta por la que en el Sistema General de Seguridad Social no aparece como retirada sino como suspendida por mora de 30 a 60 días, razón esta por la que aún figura como afiliada a Saludcoop EPS. Posterior a lo mencionado, la accionante se acerca a esta entidad con el fin de solicitar el retiro del régimen contributivo, a lo que se le responde que de conformidad con el Art. 56 de D.R 806 de 1998 para que sea efectivo el retiro de un usuario que se haya afiliado a una EPS, adeudando sumas de dinero por concepto de cotizaciones o copagos, es necesario que el afiliado cancele sus obligaciones pendientes con el Sistema General de Seguridad Social, a la entidad promotora de salud a la cual se encontraba afiliado”. 

El 9 de julio de 2007 el Juzgado profirió sentencia denegando el amparo por considerar que: “Las diligencias hablan de suspensión mas no de retiro, y para este, opera de pleno derecho cuando han transcurrido 3 meses de suspensión por causa de no pago, con lo que se deriva que es un asunto totalmente de índole económico el que media en el presente caso, tiempo que ya ha transcurrido, ya que la suspensión se inicia después de un mes de no pago de las cotizaciones, pagado el periodo de febrero, se da la suspensión luego del periodo de marzo, luego de marzo a hoy han transcurrido los 3 meses de suspensión de que habla la norma para que opere el retiro; y en cuanto al no pago, ya corresponde a la accionada buscar los medios para obtenerlo; y a la accionante los trámites pertinentes para su nueva afiliación (decreto 1703/02); sin que se visualice afectación de derecho fundamental alguno que haga viable la protección que se solicita”. Esta decisión no fue impugnada. 

3. Si bien es cierto que existen unas reglas que definen la suspensión de la afiliación y el traslado entre regimenes que deben aplicarse en general a los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en el presente caso deben aplicarse las reglas especiales que ha señalado la Corte Constitucional para el acceso de la población desplazada al sistema de salud. 

Ha señalado la Corte Constitucional en relación con protección del derecho a la salud de la población desplazada que: (i) la población desplazada se encuentra en una particular posición de vulnerabilidad por la violación masiva y sistemática de sus derechos fundamentales (ii) que entre los derechos vulnerados por el desplazamiento se encuentra el derecho a la salud; (iii) que por esta razón se debe garantizar el derecho a la protección de la salud de la población desplazada tal y como se venía cumpliendo en el presente caso antes de que la usuaria ingresara al régimen contributivo en razón del empleo en el que estuvo transitoriamente.

Adicionalmente, esta protección especial ordenada para los desplazados se mantiene por lo menos hasta que se adopte una solución duradera para su problema. En consecuencia, el ingreso de una persona desplazada al sistema laboral en condiciones tan precarias: (i) no le quita la condición de desplazado, ni (ii) le puede hacer perder el derecho a acceder al sistema de salud.

4. En conclusión, teniendo en cuenta que en el caso concreto: (i) la peticionaria es una mujer desplazada que se registró debidamente ante Acción Social con su núcleo familiar, en el cual hay dos menores de edad; (ii) que ya había accedido a la atención en salud para ella y su núcleo familiar a través del régimen subsidiado; (iii) que su ingreso al régimen contributivo se debió a que había conseguido un empleo en el que las condiciones eran bastante precarias, razón por la que renunció rápidamente ya que no recibía como salario ni aún el salario mínimo; (iv) que debió ser el empleador quien la afiliara al régimen contributivo en calidad de trabajadora dependiente y quien, una vez terminada la relación laboral, informara la novedad a la EPS; y (v) que actualmente la peticionaria requiere atención médica ya que padece un nódulo tiroideo, la Corte Constitucional protegerá el derecho a la salud de la peticionaria y su núcleo familiar.

Por estas razones, en la parte resolutiva de esta providencia se ordenará a Saludcoop EPS que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, si aún no lo ha hecho, desafile a María Zulay Narváez Gómez y a su núcleo familiar como cotizante del régimen contributivo, para que estos a su vez, puedan recibir nuevamente atención médica mediante el régimen subsidiado en las mismas condiciones que lo venían recibiendo antes de la afiliación.

Teniendo en cuenta que quien tenía la responsabilidad de realizar la afiliación y reportar posteriormente la novedad de la terminación de la relación laboral era el empleador, Saludcoop EPS podrá adoptar las medidas legales que considere pertinentes en su contra.

En mérito de lo anterior, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

Primero.- Revocar la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Villavicencio y en su lugar Conceder la tutela del derecho fundamental a la salud de María Zulay Narváez Gómez.

Segundo.- Ordenar a Saludcoop EPS que si aún no lo ha hecho, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a parir de la notificación de la presente sentencia, desafile a María Zulay Narváez Gómez y a su núcleo familiar del régimen contributivo, para que estos a su vez, puedan recibir nuevamente atención mediante el régimen subsidiado en las mismas condiciones que lo venían recibiendo antes de la afiliación a Saludcoop EPS.

Tercero.- Para garantizar la efectividad de la acción de tutela, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Villavicencio notificará esta sentencia dentro del término de cinco días después de haber recibido la comunicación, de conformidad con el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- Líbrese por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA

Magistrado

JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

Magistrado

AUSENTE CON PERMISO

RODRIGO ESCOBAR GIL

Magistrado

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MENDEZ

Secretaria General

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