Sentencia de tutela T009 de 2005. T-009-05

Derecho de peticion de afiliada que solicito reliquidaciÓn de pension y no ha obtenido respuesta. Requisitos de respuestas a derechos de peticion. Terminos para resolver solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales. Concedida

Sentencia T-009/05

Reiteración de Jurisprudencia

Referencia: expediente T-1013474

Acción de tutela instaurada por la señora Marleny Díaz de Cruz, contra la Caja Nacional de Previsión Social.

Magistrado Ponente:

Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil cinco (2005).

La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

SENTENCIA

I. ANTECEDENTES.

La señora Marleny Díaz de Cruz interpuso, por medio de apoderado, el día 20 de agosto de 2004, acción de tutela contra la Caja Nacional de Previsión Social, por no dar respuesta a la solicitud de cumplimiento de la sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas, proferida el día 15 de julio de 2004, relativa a una solicitud de reliquidación de la pensión de régimen especial presentada el 26 de marzo de 2002. La Caja Nacional de Previsión Social no respondió a la solicitud de intervención elevada por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá.

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, negó el amparo del derecho de petición por considerar que no había transcurrido un término prudencial para resolver la petición impetrada y que además, la accionante contaba con otra vía judicial para tal fin.

Esta Sala de Revisión advierte que, por tratarse en este caso de una sentencia de reiteración, procederá a justificar su decisión brevemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Decreto 2591 de 1991.

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS.

Si bien un caso como el presente puede plantear distintos temas, la Corte goza de una razonable discrecionalidad para delimitar los temas que en el caso concreto ameritan un examen en sede de revisión. El punto a resolver en sede de revisión es si se viola el derecho de petición por la demora de la administración  en responderle al peticionario.

Existe abundante jurisprudencia de la Corte en materia de protección de los derechos de las personas que elevan peticiones para el reconocimiento de sus derechos pensionales. De conformidad con dicha jurisprudencia, la respuesta que se dé al peticionario debe cumplir, a lo menos, con los siguientes requisitos: 1. Ser oportuna; 2. Resolver de fondo, en forma clara, precisa y de congruente con lo solicitado; 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. 

En lo que tiene que ver con los derechos de petición que buscan el reconocimiento derechos pensionales, la Corte ha reiterado que “la definición de la titularidad y el reconocimiento de una pensión ante la administración, constituye en principio un asunto ajeno al ámbito de la jurisdicción constitucional en sede de tutela.” 

La competencia del juez de tutela se limita a la verificación de los términos establecidos legalmente para dar respuesta a las solicitudes elevadas por los peticionarios en aras de garantizar una respuesta que resuelva lo pedido. 

En relación con el término para resolver las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales, la doctrina constitucional sintetizada en el fallo de unificación SU-975 de 2003, ha recurrido a la interpretación integral de varias normas que concurren en la configuración legal del derecho de petición, (artículo 6º del C.C.A., artículo  19 del Decreto 656 de 1994 y artículo 4º de la Ley 700 de 2001) y ha señalado los siguientes plazos y reglas para que la autoridad pública resuelva de fondo la petición: 

“6) los plazos con que cuenta la autoridad pública para dar respuesta a peticiones de reajuste pensional elevadas por servidores o ex servidores públicos, plazos máximos cuya inobservancia conduce a la vulneración del derecho fundamental de petición, son los siguientes:

“(i) 15 días hábiles para todas las solicitudes en materia pensional –incluidas las de reajuste– en cualquiera de las siguientes hipótesis: a) que el interesado haya solicitado información sobre el trámite o los procedimientos relativos a la pensión; b) que la autoridad pública requiera para resolver sobre una petición de reconocimiento, reliquidación o reajuste un término mayor a los 15 días, situación de la cual deberá informar al interesado señalándole lo que necesita para resolver, en qué momento responderá de fondo a la petición y por qué no le es posible contestar antes; c) que se haya interpuesto un recurso contra la decisión dentro del trámite administrativo. 

“(ii) 4 meses calendario para dar respuesta de fondo a las solicitudes en materia pensional, contados a partir de la presentación de la petición, con fundamento en la aplicación analógica del artículo 19 del Decreto 656 de 1994 a los casos de peticiones elevadas a Cajanal;

“(iii) 6 meses para adoptar todas las medidas necesarias tendientes al reconocimiento y pago efectivo de las mesadas pensionales, ello a partir de la vigencia de la Ley 700 de 2001. 

“Cualquier desconocimiento injustificado de dichos plazos legales, en cualquiera de las hipótesis señaladas, acarrea la vulneración del derecho fundamental de petición. Además, el incumplimiento de los plazos de 4 y 6 meses, respectivamente, amenazan la vulneración del derecho a la seguridad social. Todos los mencionados plazos se aplican en materia de reajuste especial de pensiones como los pedidos en el presente proceso.”

En el caso bajo estudio, se presenta la situación (ii) porque a la fecha han transcurrido más de cuatro meses desde la presentación de la solicitud de cumplimiento del fallo, sin que la entidad hubiera dado respuesta de fondo al peticionario.

Por lo anterior, la Sala de Revisión revocará el fallo de instancia y concederá la tutela del derecho de petición. En consecuencia, la Caja Nacional de Previsión deberá dar respuesta de fondo a la solicitud del accionante, dentro de los dos días siguientes a la notificación de la presente sentencia.

III. DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE:

Primero.- REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá el 3 de septiembre de 2004. En consecuencia, la Caja Nacional de Previsión Social, dentro de los dos días siguientes a la notificación de la presente sentencia, deberá dar respuesta de fondo a la petición presentada por el accionante.

Segundo.- Por Secretaria General, líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.

MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA

Magistrado Ponente

JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO

Magistrado

RODRIGO ESCOBAR GIL

Magistrado

MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ

Secretaria General

(T-009/2005)

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